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ACUERDO que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.



El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Resumen del anteproyecto


La modificación a la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos consiste en reducir la obligación de días de almacenamiento mínimo progresivo para lograr el efectivo cumplimiento de inventarios mínimos de petrolíferos en territorio nacional, atendiendo a las circunstancias que actualmente prevalecen en el mercado y para fomentar el desarrollo eficiente de infraestructura de almacenamiento que contribuya a la seguridad energética. Esto es, se disminuye la obligación de inventarios mínimos de gasolina y diésel a 5 días de 2020 a 2025, mientras que para turbosina será de 1.5 días almacenados en los aeropuertos y/o aeródromos y 1.5 días adicionales como promedio mensual.

El contenido del resumen es responsabilidad de la dependencia.


Summary of the draft


This modification of the Public Policy of Minimum Storage of Oil Products consists in reducing the progressive number of days of minimum strategic storage to achieve the effective compliance of minimum oil products storage in national territory, considering the present circumstances in the market and to promote the eficient development of storage infrastructure that contributes to energetic security, it means that the obligation of minimum storage of gasoline and diesel is reduced to 5 days in 2020 to 2025 and for gas oil will be to 1.5 days of storage in airports and 1.5 additional days as a monthly average.

Últimos comentarios recibidos:


Comentario emitido vía correo electrónico

B000194864

Fecha: 15/11/2019 15:43:00

Comentario emitido por: Victor Hugo Arellano Benitez


Ciudad de México., a 15 de noviembre de 2019 Dr. Cesar Emiliano Hernández Ochoa Comisionado Nacional, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Blvd. Adolfo López Mateos No 3025, piso 8 San Jerónimo Aculco, Del. Magdalena Contreras. P r e s e n t e Distinguido Dr. Hernández, Por este conducto exponemos comentarios al expediente 13/0005/081119 Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Publica de Almacenamiento Mínimo de Petroliferos. Al respecto se realizan los siguientes comentarios: Que con fecha 8 de noviembre de 2019 la Secretaría de Energía envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (la “Comisión”) a su digno cargo el Anteproyecto de ACUERDO que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (el “Acuerdo”) que entre otros propone modificar el almacenamiento estratégico de 13 a 5 días, para gasolina y diésel, y de 13 a 3 días para el caso de turbosina. Entendemos que la propuesta busca dotar de elementos a la industria, a fin de reducir costos al consumidor y fortalecer la seguridad energética del país. Sin embargo, consideramos que es necesario contar con un análisis profundo de la problemática social que se requiere resolver con la política, por lo que requiere de suficiente tiempo para identificar y evaluar las posibles alternativas. Lo anterior a fin de seleccionar la mejor solución que fomente la inversión privada en el país y resulte en un beneficio para el consumidor. Se justifica la razón por la que el Acuerdo podría ser exento del Análisis de Impacto Regulatorio (“AIR”) bajo el amparo de lo siguiente: Esta modificación no genera nuevas obligaciones o costos adicionales a los sujetos obligados, sino que: (i) elimina la referencia en el método de cálculo de la obligación conforme al apartado 5.3.3, (ii) reduce el costo de cumplimiento al disminuir el número de días de almacenamiento mínimo a los sujetos obligados, (iii) pospone 6 meses el inicio del cumplimiento de la obligación de contar con inventarios estratégicos, y (iv) flexibiliza la ubicación de los inventarios en aquellas regiones que no cuente con la capacidad disponible, para cubrir el porcentaje faltante, en otras terminales en territorio nacional. En Onexpo Nacional consideramos que los cambios presentados son de fondo y si representan costos adicionales para los obligados. Es por este motivo que nos permitimos señalar las principales razones por las cuales consideramos que los cambios propuestos si generan impacto en el compromiso de las obligaciones y en consecuencia una afectación económica a los obligados. El Acuerdo además genera incertidumbre en los derechos y obligaciones de los participantes del mercado y pone en riesgo su seguridad jurídica, así como la coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio en materia de energía. Es importante señalar que esta modificación se propone a 2 meses del inicio de la Política en cuestión y no considera los compromisos contractuales ya adquiridos por los sujetos obligados. Es decir, esta propuesta implica costos significativos de cumplimiento para los particulares debido a que las empresas ya habían tomado decisiones en torno a la inversión en infraestructura de almacenamiento. Estas inversiones son de gran escala y planeadas a largo plazo con base en la regulación existente al momento de efectuar dichas inversiones. Por otro lado, se prevé un impacto financiero y comercial adicional, al plantear la compra de tickets en caso de que los sujetos obligados no estén en posición de cumplir con la Política en la nueva fecha límite propuesta. Sin embargo, aún no existe una política que indique las bases necesarias para la operación de este instrumento y tampoco existe un mecanismo o una plataforma digital para su uso. La industria tampoco cuenta con la certidumbre de que exista la capacidad suficiente de tickets en el mercado para cubrir este requerimiento. Además es importante señalar que la Secretaría de Energía debería evaluar la posibilidad de retomar y adecuar lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 5.3 ya mencionado, ampliando el plazo de la obligación para todos aquellos obligados, al tener contratos firmados con un almacenista previo al mes de junio de 2020, y que por razones fuera del control de estas empresas y de los almacenistas, las terminales de almacenamiento entre en operación en una fecha posterior al 1 de enero de 2020 pero antes del 31 de diciembre del 2021, la obligación de almacenamiento mínimo iniciará a partir de la fecha de entrada en operación de la terminal, ………………………………………………. Toda vez que el contenido de dicho precepto tiene como principal incentivo el desarrollo de nueva infraestructura de almacenamiento, al otorgar la posibilidad de que comercializadores y distribuidores, impulsen la construcción de nuevas terminales de almacenamiento a través de contratos de reserva de capacidad. La eliminación de la prórroga para el inicio de vigencia de la obligación no toma en consideración los planes originales de desarrollo y contratación de infraestructura y capacidad de almacenamiento diseñados para cumplir con los criterios, tiempos y restricciones de la política actual. En este momento la iniciativa privada requiere de certidumbre jurídica para continuar haciendo inversiones a largo plazo en la infraestructura que requiere el país y que sustenten la seguridad energética del país, objetivo primordial de la Política de Almacenamiento, misma que, con las modificaciones propuestas no se alcanzará e implicará costos a los usuarios finales al verse expuestos a situaciones de escasez como la vivida al inicio del presente año. Por lo anteriormente expuesto, es que se solicita de la manera más atenta a la Comisión que el Anteproyecto que nos ocupa se someta al AIR en virtud de no encuadrar en los supuestos que la Ley Federal de Mejora Regulatoria (“LFMR”) prevé en el cuarto párrafo del Artículo 71, donde se señalan los términos para que se otorgue la exención de Manifestación de Impacto Regulatorio solicitada y, por ende, se considere su clasificación como Anteproyecto sujeto a un Análisis de Alto Impacto Regulatorio y se abra el plazo para consulta pública en términos de la LFMR. Sin mas por el momento agradecemos la atención brindada a la presente y nos reiteramos a sus órdenes, para cualquier comentarios o aclaración Victor Hugo Arellano Benítez. Director Técnico y Normativo de Onexpo Nacional A.C.

Fecha: 15/11/2019 15:30:49

Comentario emitido vía correo electrónico

B000194833

Fecha: 14/11/2019 17:24:00

Comentario emitido por: Marcial Díaz Ibarra


Ciudad de México a 14 de noviembre de 2019 COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA SECRETARÍA DE ENERGÍA P R E S E N T E Asunto: se emiten comentarios expediente 13/0005/081119 Marcial Díaz Ibarra, en mi carácter de Presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, A.C., señalando como domicilio el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 383 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500 Teléfono 55 59852469, manifiesto: A N T E C E D E N T E S Esa Comisión publicó el 8 de noviembre de 2019, al Anteproyecto que contiene el Acuerdo que Modifica al Diverso por el que se Emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (en lo sucesivo PPAMP), identificado bajo el número de expediente 13/0005/081119 del índice de esa Comisión. Por lo anterior, en términos del artículo 73 primer párrafo de la Ley General de Mejora Regulatoria, emito en nombre de la Asociación que represento los comentarios sobre el Proyecto publicado con la intención de que se consideren para el proceso de mejora regulatoria y que son del tenor siguiente: CAMBIO PROPUESTO INTRODUCCIÓN En caso de que se identifique una situación de emergencia, previsible, ésta será declarada por el Consejo de Coordinación del Sector Energético (CCSE) con la finalidad de que los permisionarios que comercialicen y distribuyan el producto, lo suministren en el lugar y con la oportunidad que permita atender dicha situación. Cuando se trate de situaciones de emergencia no previsibles, no será necesaria la declaración del CCSE y los permisionarios de comercialización y distribución podrán atender la situación de emergencia utilizando los inventarios a que se refiere la presente política, debiendo justificar una vez atendida la situación de emergencia el supuesto ante la CRE. COMENTARIOS Cómo o cuál será el procedimiento por el cual el Consejo de Coordinación del Sector Energético (CCSE) notificará a los Permisionarios Obligados a la PPAMP la ocurrencia de esa situación de emergencia. Cuáles serán esas situaciones de emergencia “no previsibles”, cuál será el procedimiento que deberán observar los Permisionarios Obligados a la PPAMP para atenderla; la redacción propuesta hace suponer que quedará a discreción del Permisionario, cuál será el periodo o lapso de su duración. CAMBIO PROPUESTO La política pública aquí expuesta establece incentivos para el desarrollo de la infraestructura necesaria de almacenamiento de petrolíferos para el país. La demanda base aquí especificada servirá para planear y financiar proyectos, minimizar su riesgo y crear condiciones para aumentar la liquidez de los mercados. Esto derivará en la construcción de capacidad suficiente para garantizar el suministro de petrolíferos. COMENTARIOS Habrá que proponer generar mayores incentivos (de toda índole), a los privados o los Permisionarios de Almacenamiento para generar motivación en la inversión de proyectos de infraestructura para Almacenamiento, Distribuidores y Comercializadores, v. gr. eliminar impuestos a los 5 (cinco) días de almacenamiento mínimo de petrolíferos, ya que estos estarán reservados para atender situaciones de emergencia y serán sólo objeto de venta hasta en tanto ocurra la emergencia ya sea declarada o por situaciones no previsibles. Se sugiere, se busque la opinión o intervención del Servicio de Administración Tributaria para que se le dé un tratamiento fiscal diferenciado a los petrolíferos que estarán destinados al almacenamiento mínimo para efectos del IEPS, ya que se insiste no serán comercializados hasta en tanto ocurra la situación de emergencia. Por lo que respecta a la situación de impacto a los Permisionarios de Distribución y Comercialización (Obligados o destinatarios de la Política), al rentar capacidad de almacenamiento tendrán que llevar a cabo los contratos correspondientes y esa “renta” por el servicio de almacenamiento les impactará en sus costos, los cuales tendrán que impactar o trasladar a alguien, ya que no pueden absolverlo por completo, es decir las dos actividades de Comercialización y Distribución serán actividades que verán aumentado su precio ya que se les está agregando un factor adicional que es el de rentar capacidad de almacenamiento. Tratamiento aparte merece el Distribuidor, el cual tiene infraestructura o tanquería que no le está permitida utilizar para llevar a cabo el Almacenamiento, por lo que tendrá que buscar con un permisionario de Almacenamiento esa capacidad de inventarios mínimos. Por lo que respeta a los proyectos de Almacenamiento, hasta el momento los que están ya en operación no pueden satisfacer la demanda que se generará con la reserva de almacenamiento de inventarios mínimos y consideramos que aún con la prórroga de los 6 (seis) meses se logrará que aquellos proyectos que están en proceso logren entrar en operación o si los hacen serán los mínimos y más si agregamos que los órganos Reguladores del Sector Hidrocarburos tienen una especie de letargo en sus actividades sustantivas y que autorizan los proyectos en tiempos por demás fuera de toda exigencia o dinamismo del Sector Energético. CAMBIO PROPUESTO Capítulo I. Seguridad Energética y Políticas de Almacenamiento El objetivo de la presente Política Pública es establecer niveles mínimos de almacenamiento de gasolina, diésel y turbosina en el país, a fin de salvaguardar los intereses y seguridad nacionales, así como asegurar, fomentar y vigilar el adecuado suministro de los combustibles en el territorio nacional, los cuales podrán incrementarse conforme a revisiones quinquenales o antes, si mediante justificación fundada, así lo determina la SENER. COMENTARIOS Si bien las Políticas Públicas están sujetas a cambios y obedecen a necesidad las cuales son cambiantes, no podeos dejar de pasar por alto que no se han cumplido dos años de entrada en vigor y la Secretaría de Energía va por la segunda modificación, lo que además de generar un grado de incertidumbre sobre una mediata, desincentiva a los inversionistas en proyecto de infraestructura ya que no pueden estar arriesgando su capital en proyectos que no van a tener una viabilidad al no ser ocupados por otros Permisionarios/Regulados; situación similar acontecerá con aquellos Permisionarios Obligados a la PPAMP (Distribuidores y Comercializadores), al ver que en un horizonte cercano pudiera –con una gran probabilidad- ocurrir una tercera modificación a la Política y prorrogar su entrada en vigor por lo que no van a comprometerse, a través de un contrato que les genere un gasto o salida de flujo de efectivo innecesario. Sería pertinente que el personal de la SENER, -tanto de la pasada y actual administración- hubieren llevado un ejercicio en específico con los Distribuidores para determinar cuál es el costo que implica rentar esa capacidad de Almacenamiento mínimo, la forma y a quién trasladarán esos costos, no quisiéramos señalar que verá reflejado en la “bomba o dispensario” y en el “consumidor final.“ CAMBIO PROPUESTO 1.1 Almacenamiento Estratégico a cargo del Estado Este tipo de almacenamiento, también denominado estratégico, consiste en mantener existencias mínimas de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos terminados, tales como gasolinas, diésel y turbosina, con el objeto de garantizar el abastecimiento del mercado durante un periodo de tiempo determinado. COMENTARIOS Sería conveniente con la finalidad de exista ese piso parejo del que tanto se habla en el Sector Energético, cómo garantizará la Comisión Reguladora de Energía que los inventarios mínimos de petrolíferos a los que estará obligado la Empresa Productiva PEMEX estarán físicamente en resguardo y no serán meros inventarios virtuales. Lo anterior debe ser así ya que debe consolidarse el piso parejo para los comercializadores y distribuidores, con independencia que el mayor jugador sea una Empresa Productiva del Estado es a la luz de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la citada Ley un Regulado o Permisionario más, con los mismos derecho y obligaciones, sin que la Ley y Reglamento en cita haga distinción alguna. Adicionalmente, sería conveniente dejar claro el tratamiento fiscal que se la dará a al volumen objeto o destinado para el Almacenamiento Estratégico a cargo del Estado y que no se haga una diferenciación diametral con el volumen destinado por los demás Permisionarios Obligados, entendiéndose como tal a los que no son Empresas Productivas del Estado. CAMBIO PROPUESTO Capítulo II. Experiencias Internacionales en Materia de Almacenamiento. En el caso de México, a partir de la publicación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos en diciembre de 2017 a la fecha, han entrado en operación únicamente cuatro proyectos de almacenamiento y uno por iniciar operaciones, como puede observarse en el Cuadro 2, lo que pone de manifiesto que la participación de empresas privadas ha sido insuficiente en el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento nacional, lo que ocasiona dificultades a todos los participantes del mercado para el cumplimiento de la presente Política Pública. COMENTARIOS Con tan sólo 5 (cinco) proyectos de Almacenamiento en operación, se está en un ambiente que representa dificultades a Permisionarios Obligados a la PPAMP y en consecuencia se considera no podrán cumplimiento a la misma. Como se mencionó, sería pertinente que el personal de la SENER, -tanto de la pasada y actual administración- hubieren llevado un ejercicio con los Órganos Reguladores del Sector –CRE y ASEA- para determinar el número de proyectos para desarrollo infraestructura destinada al Almacenamiento, su grado de avance y fechas estimadas de entrada en operación y más concretamente, cuáles estarían arrancando operaciones en el 1er/Semestre 2020 (periodo de ampliación o prórroga para la entrada en vigor de la PPAMP) y cuál es su capacidad de diseño y capacidad de operación y si la misma sería la suficiente para atender la demanda de reserva de capacidad de reserva mínima. CAMBIO PROPUESTO 5.1 Política de Inventarios Mínimos 2) Almacenar en territorio nacional un volumen de inventario mínimo aplicable a todos los permisionarios que comercialicen o distribuyan gasolina, diésel y turbosina de origen importado o de producción nacional, y que realicen ventas a usuarios finales o estaciones de servicio. Para efectos de la obligación de mantener inventarios mínimos de petrolíferos, se excluye al gas licuado de petróleo y cualquier otro petrolífero sujeto a regulación económica, que no haya sido referido expresamente en este párrafo. En el caso del Diésel, la obligación de inventarios mínimos a que se refiere la presente Política, aplicará únicamente al diésel automotriz, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de especificaciones de calidad de los petrolíferos. COMENTARIOS Muchos de los Distribuidores opinan que esta PPAMP no debería estar orientada a ellos, ya que su actividad o vocación principal es la recepción y entrega logística a la Estación de Servicio, su tanquería o infraestructura está destinada a la guarda temporal, es decir su posición o papel es la de estar entre el comercializador y Usuario Final o Estación de Servicio. CAMBIO PROPUESTO 5.2.1 … … En el caso de alguna situación de alerta o emergencia en el abasto debido a interrupciones temporales en el suministro, la periodicidad de entrega de los reportes de inventarios, producción, ventas, importaciones y exportaciones será diaria y deberá reportarse a más tardar a las 12:00 horas del día siguiente. En este caso, el reporte de inventarios mantendrá como hora de corte las 05:00 horas del Centro del País. COMENTARIOS El utilizar el término “situación de alerta” genera un grado de inseguridad o falta de certeza jurídica, la redacción desafortunada o indiscriminada al usar este término generan confusión para el Permisionario obligado ya que partimos de la base que la PPAMP sólo establece dos casos hipótesis situación de emergencia previsible, que debe ser declarada por el Consejo de Coordinación del Sector Energético y situaciones de emergencia no previsibles, que no serán declaradas por el Consejo. Por lo anterior, se sugiere ser uniforme en el uso de los términos con el propósito de no generar interpretaciones discrecionales de la SENER y la CRE y que sea una interpretación literal que ayude a una mejor aplicación. Adicionalmente, se sugiere establecer cuáles serán esos límites a los que deberá sujetarse la actuación de los permisionarios para el segundo caso situaciones de emergencia no previsibles, se puede usar en forma discrecional por unos. CAMBIO PROPUESTO Cuadro 9. Obligación de inventario mínimo nacional Número de días COMENTARIOS Es importante establecer a que le se llama o el significado pretendido de terminal (Distribuidor o Almacenador). Las Terminales que suministran o surtan usualmente a las estaciones de servicio vía autotanque son de Pemex. Esas Terminales tiene la capacidad para recibir ese inventario, cuál será el procedimiento para acceder al mismo, si partimos del supuesto que a la fecha de emisión de los presentes comentarios sólo existen 5 proyectos en operación. Vale la pena recordar que muchos de los Distribuidores (Permisionarios) llevan a cabo la función de Distribuidor exclusivo de productos Pemex para Estaciones de Servicio bajo la franquicia Pemex. Detectamos que no es suficiente para cumplir con al menos el 50% del inventario mínimo en dichas Terminales, podrán cubrir el porcentaje faltante, en otras terminales en territorio nacional. Esta opción atenta contra el objetivo de tener inventario de emergencia ya que de nada servirá tenerlo en otra zona o región del País. Cómo se acreditará ante la CRE la situación de emergencia no previsible, cuáles serán los plazos para hacerlo. El obligar a conseguir tickets se considera que es un proceso sin mecanismos de control y que pudiera influir en el alza de las tarifas por la prestación del servicio, ya que en la práctica de los Almacenadores podría ser vender el total de la capacidad a un comercializador y así “inflar” o incrementar las tarifas, ¿se tendrán que observar los Términos y Condiciones de los Almacenadores autorizados por la CRE?, sería conveniente establecer mayor claridad en el documento. Ahora bien, se calculó o no el impacto económico que ya se generó para los Permisionarios de Almacenamiento, Distribución y Comercialización que genera la PPAMP y este cambio propuesto, traducido en lo siguiente: Los Almacenadores invirtieron en el desarrollo de infraestructura e hicieron esfuerzos para que arrancaran sus proyectos el 1º de enero/2020, sin embargo, ahora se prorroga por 6 (seis) meses. Distribuidores y Comercializadores, que reservaron/contrataron espacio para inventarios mínimos, comprometieron recursos económicos al suscribir los contratos respectivos y empezarían a pagar su tarifa a partir del mes de enero de 2020. En ambos casos, a los tres Permisionarios les generó un impacto económico y a los dos últimos le generó una obligación obligaciones de pago derivada de la suscripción de contratos. CAMBIO PROPUESTO 5.3.3 Cálculo del nivel de inventarios mínimos obligatorios COMENTARIOS Desde nuestra óptica, el cambio que se sugiere está sobrepasando la libertad contractual del Comercializador o Distribuidor de atender a las estaciones de servicio y Usuario Final en particular de acuerdo a condiciones comerciales privadas. Qué situaciones o hipótesis se considerarán como incumplimiento por parte de la CRE si el Comercializador y el Distribuidor tienen la libertad contractual de atender a las Estaciones de Servicio que los primeros decidan. Por otro lado, cuáles serán esos límites a los que deberá sujetarse la actuación de los Permisionarios para el caso de situaciones de emergencia previsibles y no previsibles, si partimos de la premisa que para el primer caso la misma (emergencia) debe ser declarada por el propio CCSE, mientras qué en el segundo caso, no se requiere la declaración del CCSE, lo que flexibiliza la actuación de los Permisionarios para atender la emergencia de manera oportuna o podrán actuar en forma discrecional. A todas luces, es notorio que la pretendida Modificación SI conlleva impactos regulatorios significativos que se traducen en: • Impacto económico para el Permisionario Obligado a la PPAMP • Incertidumbre jurídica • Impacto en la emisión de nuevas disposiciones, acuerdos, instructivos por parte de la CRE para llevar a cabo por parte del Permisionario el cumplimiento de las nuevas obligaciones a las que tendrán que dar cumplimiento los Permisionarios, entre otros. En consecuencia, NO puede ser exceptuada de la MIR la modificación propuesta como indebidamente los está solicitando la SENER. A manera de reflexión final para la autoridad competente en la emisión de la PPAMP, así como para el Órgano Regulador encargado de vigilancia, verificación y cumplimiento dejamos estas doce preguntas esperando puedan ser respondidas con mayor claridad que con la que está redactada la PPAMP y su proyecto de modificación. 1. ¿Con el diferimiento del PPAM quien gana y quién pierde? 2. ¿Qué pasa con regulados que se prepararon para cumplirla? 3. ¿Pemex cumple en todas sus terminales? 4. ¿Los comercializadores al amparo de Pemex, estarán cumpliendo con la capacidad de Pemex o deben cumplir con la de su volumen comercializado? 5. ¿El costo de la PPAM, quien lo asume, el regulado o el usuario final? 6. Se puede dar un tratamiento especial/diferenciado a los petrolíferos, objeto de la PPAMP que serán materia del inventario de 5 días de almacenamiento, es decir que nos pague IEPS e IVA hasta el momento en el que se comercialice en las situaciones de emergencia. 7. ¿Por qué la tanquería propia de los Permisionarios (Distribuidores), no puede ser considerada para su cumplimiento? 8. ¿El no cumplimiento será o no causal inmediata de revocación de permiso? 9. ¿Los permisos de importación que otorga la SENER estarán condicionados a exhibir cómo se está cumpliendo con la PPAMP? 10. ¿Se podrá dar otra modificación a la PPAMP? 11. ¿Se liberarán los diversos proyectos de almacenamiento que hay? 12. ¿Los tickets generan derechos financieros, los regulará sólo SENER? Atentamente, Marcial Díaz Ibarra

Fecha: 14/11/2019 17:18:33

Comentario emitido por: Nombre de usuario no publico


Chevron Combustibles de México, S. de R.L. de C.V. (“Chevron Combustibles”) formula comentarios al proyecto de Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (el “Acuerdo”) enviado por la H. Secretaría de Energía (“SENER”) y publicado el 8 de noviembre de 2019 en el portal de anteproyectos de esta H. Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (la “Comisión” o “CONAMER”). Mi representada considera necesario indicar los siguientes argumentos justificando la razón por la cual se estima que esta H. Comisión no debiera aprobar la exención de Análisis de Impacto Regulatorio solicitada y, por contrario, debiera sujetar el Acuerdo a consulta pública, así como indicar los principales comentarios que mi representada tiene al contenido del Acuerdo publicado. Lo anterior debido a que, en relación con el proyecto de Acuerdo, la SENER solicitó una exención de Análisis de Impacto Regulatorio, justificando que el Acuerdo enviado no genera nuevas obligaciones o costos adicionales a los sujetos obligados de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. A. OBJECIONES A LA EXENCIÓN DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 1. De acuerdo con lo que ha sido indicado por la Comisión , el Análisis de Impacto Regulatorio (“AIR”) es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar la calidad de las regulaciones y que los beneficios sean superiores a los costos. El AIR permite así analizar sistemáticamente los impactos potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que estos sean más transparentes. En este sentido, como se resalta a continuación, el marco regulatorio aplicable prevé la obligatoriedad de presentar un AIR cuando un Sujeto Obligado elabore una Propuesta Regulatoria, previendo casos de excepción únicamente cuando se actualicen los supuestos previstos en la Ley General de Mejora Regulatoria. 2. En este sentido, la misma Comisión ha indicado que el Estado está obligado a garantizar el bienestar de la población; para ello, hace uso de las políticas públicas, es decir, acciones dirigidas a atender las demandas de la sociedad en la forma de normas, instituciones, bienes públicos o servicios. Los tipos de acciones de las que puede recurrir el Estado son múltiples y variadas, siendo una de éstas la regulación. Así, la regulación se define como un conjunto de reglas establecidas por el Estado que pretenden tener una influencia económica y social, y cuyo propósito es garantizar el bienestar social. Mediante la regulación se crean o se limitan derechos u obligaciones para alterar “el resultado social” que, en ausencia de la regulación, se habría obtenido. Las mejores regulaciones son aquellas que atienden las necesidades de la población de manera eficaz y eficiente. Eficacia implica que la regulación cumple con los objetivos inicialmente planteados; y la eficiencia caracteriza a aquellas regulaciones que provocan los mayores beneficios sociales al menor costo. 3. Por tanto, conforme a lo que ha sido indicado por la CONAMER, para garantizar su calidad, se requiere evaluar los posibles efectos que tiene la regulación. Así, la construcción de mejores regulaciones involucra un análisis profundo de una determinada problemática social, en el que se valoran las necesidades de la población y se plantean varias alternativas como respuesta. La manera de sistematizar este análisis es mediante la evaluación de impacto regulatorio, el cual es un proceso lógico en el que se comparan diversas alternativas con la finalidad de elegir la mejor vía para resolver una problemática. Los resultados o conclusiones del proceso de evaluación de impacto sirven para guiar y documentar la decisión que tomen los responsables de las políticas públicas, considerando, que estos requieren de un análisis sólido y confiable para tomar la decisión más adecuada. 4. La CONAMER ha indicado también que los elementos constitutivos del AIR, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, son los siguientes: (i) definición del problema y objetivos generales de la regulación, (ii) identificación de las posibles alternativas a la regulación, (iii) impacto de la regulación (costo-beneficio), (iv) cumplimiento y aplicación de la propuesta, (v) evaluación de la propuesta, y (vi) consulta pública. 5. La propia Comisión ha indicado que el propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos de cumplimiento posibles, mediante la formulación normativa de regulaciones que estimulen la competencia económica, la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 6. Aunado a que, como se detalla más adelante, mi representada considera que no se actualizan los supuestos previstos en la Ley General de Mejora Regulatoria para que esta H. Comisión exima a la SENER de la obligación de elaborar el AIR correspondiente -lo cual incluye que la SENER describa los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para generar la Regulación o Propuesta Regulatoria (es decir, en este caso, el Acuerdo), así como las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de Agenda Regulatoria a que se refiere el artículo 64 de la Ley General de Mejora Regulatoria- ya que el Acuerdo efectivamente implica costos significativos de cumplimiento para los particulares, es necesario señalar que en caso de aprobarse la exención de Análisis de Impacto Regulatorio solicitada por la SENER y no sujetar el Acuerdo a consulta pública, se estaría incumpliendo con los conceptos, principios y fines de la mejora regulatoria señalados en los numerales anteriores de este escrito. 7. Conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, cuando alguno de los Sujetos Obligados en términos de dicha ley -en el caso del Acuerdo, la SENER- elabore una Propuesta Regulatoria, debe presentarla ante la Autoridad de Mejora Regulatoria (es decir, la Comisión en este caso) junto con un AIR (definido en dicha Ley como Análisis de Impacto Regulatorio) que incluya los requisitos mínimos señalados en el artículo 69 de la misma Ley General de Mejora Regulatoria. A su vez, el artículo 69 de la Ley General de Mejora Regulatoria dispone que los AIRs establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes elementos: i. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención gubernamental y los objetivos que ésta persigue; ii. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la Regulación o Propuesta Regulatoria es preferible al resto de las alternativas; iii. La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado; iv. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección; v. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la Regulación, y vi. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para generar la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de Agenda Regulatoria a que se refiere el artículo 64 de la Ley General de Mejora Regulatoria. 8. En términos del artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, cuando un Sujeto Obligado estime que la Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para particulares lo consultará con la Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda (en el caso del Acuerdo, la CONAMER), la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio que expida cada Autoridad de Mejora Regulatoria. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el AIR. Cuando de conformidad con lo dispuesto con anterioridad, la Autoridad de Mejora Regulatoria resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado tramitará la publicación correspondiente en el Medio de Difusión. Para efectos de la exención del AIR anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente determinará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales, se sujetará al procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria. 9. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria únicamente se puede otorgar la exención del AIR cuando la CONAMER resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica. 10. De acuerdo con las características de los anteproyectos, la CONAMER clasifica al Análisis de Impacto Regulatorio en los siguientes tipos: a) AIR de Alto Impacto. Es utilizado cuando el impacto potencial de la regulación es alto en la economía y en la población, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto. b) AIR de Impacto Moderado. Se utiliza cuando el impacto potencial de la regulación es medio en la economía y en la población, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto. c) AIR de Actualización Periódica. Se presenta cuando el anteproyecto debe modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, pero sin imponer obligaciones adicionales a las ya existentes. d) AIR de Emergencia. Se presenta cuando el anteproyecto cumple con los criterios para la emisión de regulación de emergencia, los cuales son: i. Vigencia no mayor a los 6 meses. ii. Si el objeto es evitar, atenuar o eliminar un daño existente a la salud, bienestar de la población, al medio ambiente y recursos naturales. iii. Si no se ha solicitado trato de emergencia previamente con un contenido equivalente. 11. Como parte de la publicación por parte de la Comisión del anteproyecto del Acuerdo enviado por la SENER, de fecha 8 de noviembre de 2019, la SENER señala como parte del expediente que dicho Acuerdo “no genera nuevas obligaciones o costos adicionales a los sujetos obligados”, por lo que la SENER solicitó la exención de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente. 12. Sin embargo, a diferencia de lo que expone la SENER, el Acuerdo sí genera costos significativos para los particulares, ya que: a. Las modificaciones planteadas en el Acuerdo no reconocen que los sujetos obligados en virtud del Acuerdo son empresas que efectúan decisiones de inversión de gran escala y a largo plazo, con base en la regulación existente al momento de efectuar dichas inversiones, y dichas modificaciones no contemplan los compromisos contractuales que fueron ya adquiridos por los sujetos obligados, así como las afectaciones comerciales y financieras resultantes del Acuerdo. b. Se elimina el derecho de prórroga para el inicio de vigencia de la obligación de almacenamiento mínimo de Petrolíferos, conforme al cual los sujetos obligados a mantener inventarios mínimos a partir del 1° de enero de 2020, que demuestren la suscripción de sus contratos de almacenamiento antes del 30 de junio de 2019 y cuyas terminales de almacenamiento entren en operación a más tardar el 31 de diciembre de 2021, iniciarán el almacenamiento mínimo dentro de dicho periodo. Como es del conocimiento de esta H. Comisión y de la SENER, el desarrollo de infraestructura de almacenamiento conlleva largos procesos que van desde el diseño, ingeniería, tramitación y obtención de permisos, financiamiento, procura de equipos y materiales y construcción hasta la prueba y puesta en marcha de las instalaciones respectivas. Dichos procesos no pueden ser acelerados de forma unilateral y significativa debido a la magnitud y complejidad de los mismos. Eliminar así el derecho de prórroga antes mencionado y actualmente previsto en la regulación aplicable no toma en consideración los planes originales de desarrollo y contratación de infraestructura y capacidad de almacenamiento diseñados e implementados por los diferentes participantes con base en criterios, tiempos y restricciones objetivas y afecta de forma significativa e indebida a las empresas que adoptaron diligentemente planes comerciales para estar en posición de cumplir con la normatividad aplicable a sus operaciones. Por otra parte, es menester señalar que, dentro de los elementos para el desarrollo de dichos proyectos, un elemento esencial es la tramitación y obtención de los diversos permisos necesarios, lo cual se ha visto demorado de forma significativa en diversos casos por motivos no atribuibles a las empresas que se encuentran desarrollando dicha infraestructura o que han contratado capacidad de almacenamiento en proyectos en que se encuentran actualmente en desarrollo. El Acuerdo propuesto por la SENER no solamente ignora la existencia de dichos retrasos en la emisión de permisos por las distintas autoridades competentes, sino que elimina un derecho de prórroga preexistente para cumplir con la obligación de inventario mínimo y pretende imponer cargas a los sujetos obligados, las cuales no pueden cumplirse acelerando los tiempos y procesos para el desarrollo de la infraestructura necesaria. c. Conforme al Acuerdo, la obligación de inventario mínimo tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2020, sin derecho a prórroga, y aquellos sujetos obligados que hubieran contratado capacidad de almacenamiento en terminales cuya operación iniciará con posterioridad al 1° de julio de 2020, se verán obligados a adquirir tickets hasta en tanto cuenten con la capacidad de almacenamiento disponible. Así, al parecer, la SENER busca mitigar las evidentes afectaciones que acarrea el Acuerdo y que se indican en el inciso b) anterior. Como se señala a continuación, esta solución no solamente no atiende el problema que crearía el Acuerdo, sino que crea un problema adicional, al crear un mercado de tickets que no está respaldado con suficiente capacidad de almacenamiento existente y almacenistas oferentes de capacidad que correspondan a las necesidades reales de los distintos sujetos obligados de cara a la regulación que el Acuerdo busca imponer. Adicionalmente, aún no existen reglas de operación del mercado de tickets con parámetros de operación definidos y adecuados para garantizar un acceso no discriminatorio a los mismos. d. Los tickets previstos en el Acuerdo consisten en derechos financieros sobre inventarios de otros comercializadores para acreditar el cumplimiento de su obligación. Esto en efecto crea un mercado de instrumentos financieros (los tickets) que no están respaldados con infraestructura y capacidad de almacenamiento en cantidad necesaria, debido a la situación actual de la infraestructura de almacenamiento en el país, que aún se encuentra en fase de desarrollo. Lo anterior podría crear así un mercado -sujeto a reglas de oferta y demanda y con costos asociados- imperfecto, desbalanceado, artificial y sujeto a diversas posibles conductas contrarias a la eficiencia y competencia en dicho mercado, incluyendo posibles prácticas anticompetitivas, debido a una posición desequilibrada entre el universo restringido de posibles oferentes de dichos tickets -así como la cantidad limitada de dichos tickets en el mercado- y la vasta demanda de dichos tickets que existirá de forma artificial a raíz de lo que pretende imponer el Acuerdo. En caso de que se implemente el Acuerdo en los términos planteados por la SENER se generarán costos adicionales no justificados en el mercado, que a su vez pueden implicar costos adicionales para los consumidores finales de combustibles en el país. 13. En virtud de lo expuesto con anterioridad ante esta H. Comisión, así como en virtud de los importantes costos adicionales que el Acuerdo genera para los particulares, se solicita respetuosamente a esta H. Comisión negar la exención de Análisis de Impacto Regulatorio y, por el contrario, turnar el presente expediente a consulta pública. B. COMENTARIOS INICIALES AL ACUERDO Para el caso de que esta H. Comisión determine negar la exención de Análisis de Impacto Regulatorio y turne el presente expediente a consulta pública, mi representada realiza los siguientes comentarios iniciales, reservándose en todo caso el derecho de ampliar o modificar dichos comentarios en el marco del debido proceso de consulta pública, así como de formular comentarios adicionales, toda vez que el plazo que mi representada ha tenido a disposición para analizar el impacto que tendría el Acuerdo no ha sido un plazo suficiente o adecuado a la luz de la envergadura del potencial impacto del mismo. I. DISMINUCIÓN DE DÍAS DE INVENTARIO MÍNIMO Como se expone con anterioridad, las modificaciones planteadas en el Acuerdo no reconocen que los sujetos obligados en virtud del Acuerdo son empresas que efectúan decisiones de inversión de gran escala y a largo plazo, con base en la regulación existente al momento de efectuar dichas inversiones, y dichas modificaciones no contemplan los compromisos contractuales que fueron ya adquiridos por los sujetos obligados, así como las afectaciones comerciales y financieras resultantes del Acuerdo. Los permisionarios obligados bajo la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos desarrollaron diligentemente un modelo de negocio que atendiera las necesidades de su esquema de negocio en apego a las obligaciones impuestas por la SENER con fundamento en la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que fue publicada en diciembre de 2017 y modificada en noviembre de 2018. Anteriormente la SENER estableció que los permisionarios obligados deberían cumplir con un Inventario Mínimo de cinco días empezando en enero de 2020 hasta llegar a 13 días (promedio trimestral) a partir de 2025 y que aquellos permisionarios que demostraran la contratación de servicios de almacenamiento antes del 30 de junio de 2019 tendrían acceso a una prórroga que podría ser hasta el 31 de diciembre de 2021. La SENER indica en relación con el Acuerdo que esta modificación representa un beneficio para los sujetos obligados de la política pública vigente, al reducir los días de almacenamiento estratégico de hasta 13 a 5, para gasolina y diésel, y de hasta 13 a 3, para turbosina, representando un importante ahorro para toda la cadena de valor. Al respecto es de gran importancia señalar que esta reducción no es definitiva en el largo plazo, teniendo en cuenta que la regulación propuesta establece que la SENER podrá revisar estos días de inventario mínimo cada cinco años, pudiendo incrementar el nivel mínimo de almacenamiento requerido. La incertidumbre sobre el nivel requerido después de este periodo de 5 años puede resultar en costos mayores a los aparentes ahorros de corto plazo. La toma de decisiones de inversión, la obtención de permisos y la construcción de terminales de almacenamiento requieren de certidumbre de los niveles mínimos de almacenamiento requeridos más allá de un periodo de cinco años para optimizar la inversión y reducir los costos de logística que finalmente se traducen en beneficios para el consumidor. Independientemente de la afectación que implica la eliminación de la prórroga que podría ser hasta el 31 de diciembre de 2021, lo cual se discute en mayor detalle en el numeral II siguiente, si bien la disminución de los días de almacenamiento a primera y simple vista pudiera interpretarse como un beneficio a través de una menor carga regulatoria, dicha disminución de los días de almacenamiento no toma en cuenta las afectaciones reales que causa el Acuerdo al no considerar los compromisos contractuales que fueron adquiridos con anterioridad por los permisionarios obligados y las posibles afectaciones comerciales y financieras. Los permisionarios obligados que se encuentran desarrollando infraestructura de almacenamiento deben considerar el impacto negativo que una menor demanda de almacenamiento puede tener en sus proyectos de inversión en desarrollo o en fase de planeación. II. CAMBIOS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO De acuerdo con lo que ya ha sido indicado en este escrito, el Acuerdo elimina el derecho de prórroga para el inicio de vigencia de la obligación de almacenamiento mínimo de Petrolíferos, conforme al cual, los sujetos obligados a mantener inventarios mínimos a partir del 1° de enero de 2020, que demuestren la suscripción de sus contratos de almacenamiento antes del 30 de junio de 2019, y cuyas terminales de almacenamiento entren en operación a más tardar el 31 de diciembre de 2021, iniciarán el almacenamiento mínimo dentro de dicho periodo. Conforme al Acuerdo, la obligación de inventario mínimo tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2020, sin derecho a prórroga, y aquellos sujetos obligados que hubieran contratado capacidad de almacenamiento en terminales cuya operación iniciará con posterioridad al 1° de julio de 2020, se verán obligados a adquirir tickets hasta en tanto cuenten con la capacidad de almacenamiento disponible. Dicha modificación hace que los permisionarios obligados bajo la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos no puedan cumplir, sin que esto sea atribuible a dichos permisionarios obligados, con dicha política pública mediante sus propias inversiones o contratos de almacenamiento a largo plazo, los cuales implican costos significativos, a pesar de haber actuado diligentemente en la formulación de planes de negocio apegados a la normatividad aplicable. Esto debido a que, como ya se ha mencionado en el presente escrito, los tiempos de implementación de proyectos de inversión de esta magnitud no pueden ser acelerados de forma significativa y unilateral debido a la complejidad del conjunto de tareas involucradas. Adicionalmente a las actividades propias de diseño, ingeniería, procura y construcción, los proyectos de infraestructura dependen también de los tiempos para la emisión de los diversos permisos requeridos por la normatividad aplicable. Al respecto, no obviamos mencionar que a la fecha existe una demora significativa en la emisión de autorizaciones gubernamentales por distintos reguladores, incluyendo a la SENER y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”). Si bien los diversos participantes involucrados en el desarrollo de infraestructura de almacenamiento han indicado y demostrado su compromiso continuo para aumentar la capacidad de almacenamiento en el país, también es innegable que dichos participantes no pueden acelerar el desarrollo de dichos proyectos de forma unilateral y no apegada a parámetros y restricciones objetivos -lo cual pudiera incluso comprometer la seguridad de las instalaciones- y requieren del apoyo de las autoridades en la puntual emisión de los diversos permisos requeridos. La eliminación que se propone en el Acuerdo de la prórroga antes mencionada no toma en consideración dichos hechos, las afectaciones a los distintos participantes y los proyectos en fase de desarrollo y planeación y no provee un mecanismo alternativo efectivo a través de los tickets, como se describe a continuación. De eliminarse esta posibilidad de prórroga, la fecha efectiva de los inventarios mínimos debería entonces ser el 1° de enero de 2022 para no causar costos adicionales a quienes han contratado capacidad de almacenamiento con base en las políticas de inventarios vigentes. III. MECANISMO DE TICKETS En términos de lo que dispone el anteproyecto del Acuerdo, la obligación de inventario mínimo tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2020, sin derecho a prórroga, y aquellos sujetos obligados que hubieran contratado capacidad de almacenamiento en terminales cuya operación iniciará con posterioridad al 1° de julio de 2020, se verán obligados a adquirir tickets hasta en tanto cuenten con la capacidad de almacenamiento disponible. Así, al parecer, la SENER busca mitigar las afectaciones creadas por el propio Acuerdo al eliminar la prorroga prevista en la normatividad actual. Sin embargo, esta solución no solo no atiende de forma adecuada los problemas que crearía el Acuerdo, sino que posiblemente pudiera acarrear impactos negativos y costos adicionales. Si bien el mecanismo de tickets es un mecanismo existente en países miembros de la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency o IEA por sus siglas en inglés), la utilización de dichos instrumentos que permiten adquirir derechos financieros sobre inventarios de otros comercializadores para acreditar el cumplimiento de su obligación de almacenamiento requiere estar sustentada en infraestructura y agentes oferentes suficientes para funcionar adecuadamente. Actualmente el mercado mexicano de almacenamiento de combustibles se encuentra en desarrollo y no cuenta con los elementos necesarios para que dichos instrumentos representen una alterativa viable y que no exponga a los posibles compradores de los tickets a distorsiones en el mercado que puedan traducirse en costos no justificados, los cuales a su vez pueden impactar a los consumidores finales de combustibles en el país. Para ilustrar este punto, cabe señalar que actualmente el servicio de almacenamiento de Petrolíferos únicamente puede ser prestado por 6 permisionarios, que incluyen a los siguientes en orden alfabético: (i) Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V. (Glencore), (ii) Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., (iii) Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V., (iv) Pemex Logística, (v) TFCM, S. de R. L. de C. V., y (vi) Vopak México, S.A. de C.V.. Así, los permisionarios obligados bajo la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos se enfrentan a un número reducido almacenistas y de terminales disponibles. Esta situación -agravada por las propias disposiciones del Acuerdo- implica riesgos de conductas anticompetitivas, incrementos en precios, deficiencias en el servicio y, adicionalmente, posibles incumplimientos a la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos debidos meramente a la simple inexistencia de capacidad suficiente de almacenamiento que respalde el número de tickets necesarios para que todos los permisionarios obligados puedan cumplir con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, modificada a raíz del Acuerdo, al eliminar la prórroga antes referida. Como ya se ha indicado, si bien el mecanismo de tickets es un mecanismo establecido en la práctica internacional, para su debida implementación será necesario considerar la mayor disponibilidad gradual de capacidad de almacenamiento en el país, así como el mayor número de almacenistas, y no eliminar los plazos de prórroga originalmente previstos en la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que fueron considerados por los sujetos obligados al diseñar sus planes de negocio y de desarrollo y contratación de infraestructura de almacenamiento. Por último, el Acuerdo no establece las bases necesarias para la operación del mercado de dichos tickets. En particular, no existen parámetros definidos para la oferta y adquisición de dichos instrumentos, ni para garantizar un acceso no discriminatorio a los mismos con lo cual, nuevamente, se amplifica el riesgo de que se presenten conductas anticompetitivas en el mercado de dichos tickets o que busquen crear barreras de entrada. IV. UBICACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Las modificaciones a la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos planteadas en el Acuerdo no resuelven una problemática presente en la normatividad existente promulgada por la SENER, respecto de la ubicación de los porcentajes de inventarios mínimos de almacenamiento de Petrolíferos. Así, la modificación propuesta en el numeral 5.3.7. del Acuerdo establece que al menos el 50% de los inventarios mínimos deberá ubicarse en las terminales que suministren mediante autotanque conforme al apartado 5.3.3; esto es, dicha reserva estratégica deberá colocarse en las terminales que surtan usualmente a las estaciones de servicio vía autotanque, con el fin de garantizar que existe la logística asociada necesaria para continuar abasteciendo el mercado en una situación de emergencia. Asimismo, máximo el 50% de los inventarios mínimos restantes, podrá situarse en cualquier otra terminal dentro de territorio nacional. Por otra parte, el Acuerdo dispone que los comercializadores y distribuidores de gasolina, diésel y turbosina, que acrediten que la capacidad de almacenamiento en las terminales que suministren usualmente a las estaciones de servicio y usuarios finales vía autotanque no es suficiente para cumplir con al menos el 50% del inventario mínimo en dichas terminales, podrán cubrir el porcentaje faltante, en otras terminales en territorio nacional. La Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos debería fomentar que se desarrolle capacidad de almacenamiento suficiente en los lugares en los que se requiera efectivamente el suministro de Petrolíferos. Si bien se reconoce la necesidad de garantizar inventarios mínimos en el país para fines de seguridad energética a escala nacional, es necesario tomar en cuenta que el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento es un proceso gradual y que debe responder a necesidades reales en la cadena de consumo en cada región. Sería más prudente y adecuado que en todos los casos, al menos el primer 50% de los inventarios mínimos deban ubicarse en las terminales que surtan usualmente a las estaciones de servicio vía autotanque con el fin de responder a necesidades de consumo y suministro reales. Tener que contratar capacidad de almacenamiento en terminales alejadas de forma significativa de las estaciones de servicio que deben ser suministradas meramente por tener que cumplir con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos y debido a la inexistencia de terminales en dónde sí existen necesidades reales de almacenamiento, debido a incentivos no adecuados para el desarrollo de dicha infraestructura contemplados en la normatividad, no parece una solución de política pública adecuada. Además de no fomentar el desarrollo de capacidad de almacenamiento en dónde realmente se necesita, este elemento de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos crea costos artificiales en los permisionarios obligados, que bien pudieran tener que contratar capacidad de almacenamiento en ubicaciones remotas que no atienden de forma alguna la logística de su cadena de suministro únicamente para demostrar el cumplimiento con dicha Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. En este sentido, una política pública de almacenamiento mínimo debería buscar atender las necesidades reales de almacenamiento y seguridad en el suministro en cada región específica. Sin embargo, debido a que existen áreas geográficas en las que el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento ha sido más lento, ya sea por una menor demanda, por mayores costos, por falta de sitios adecuados o por situaciones propias de la región, como puede ser la seguridad, la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos debería considerar metas progresivas y escalonadas por región, con base en la situación y restricciones actuales y metas adecuadas y realistas de desarrollo de infraestructura de almacenamiento. En este sentido, una política pública eficaz debería también considerar la participación activa y apoyo de los reguladores relevantes para asistir a los sujetos obligados de manera eficaz en el desarrollo de la infraestructura necesaria, conforme a los calendarios previstos en la regulación, así como prever instancias de coordinación entre la autoridad y los particulares, con el fin de que se atiendan las necesidades de seguridad energética nacional y de la población de manera eficaz y eficiente. * * * Por lo anteriormente expuesto en el presente escrito, atentamente se solicita a esta H. Comisión lo siguiente: PRIMERO. Tener por presentado el presente escrito en tiempo y forma, con la personalidad con la que me ostento en representación Chevron Combustibles de México, S. de R.L. de C.V. SEGUNDO. Negar la exención de Análisis de Impacto Regulatorio solicitada por la SENER respecto del Acuerdo y turnar el presente expediente a consulta pública en virtud de que el anteproyecto del Acuerdo en cuestión genera costos adicionales para los particulares. TERCERO. Tener por formulados los comentarios iniciales al Acuerdo contenidos en el presente escrito a efecto de que se consideren para revisión y modificación del Acuerdo. Lo anterior en la inteligencia de que mi representada se reserva en todo caso el derecho de ampliar o modificar dichos comentarios en el marco del debido proceso de consulta pública, así como de formular comentarios adicionales, toda vez que el plazo que mi representada ha tenido a disposición para analizar el impacto que tendría el Acuerdo no ha sido un plazo suficiente o adecuado a la luz de la envergadura del potencial impacto del mismo.

Fecha: 14/11/2019 16:58:26

Comentario emitido vía correo electrónico

B000194834

Fecha: 14/11/2019 16:57:00

Comentario emitido vía correo electrónico

B000194832

Fecha: 14/11/2019 16:55:00

Comentario emitido por: Hugo Castro Martínez


Ciudad de México., a 14 de noviembre de 2019 Dr. Cesar Emiliano Hernández Ochoa Comisionado Nacional, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Blvd. Adolfo López Mateos No 3025, piso 8 San Jerónimo Aculco, Del. Magdalena Contreras. P r e s e n t e Estimado Dr. Hernández, El 8 de noviembre de 2019 la Secretaría de Energía envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (la “Comisión”) a su cargo el Anteproyecto de ACUERDO que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (el “Acuerdo”) a efecto de modificar el almacenamiento estratégico de hasta 13 a 5 días, para gasolina y diésel, y de hasta 13 a 3 días para turbosina. Reconocemos y apoyamos el espíritu de la propuesta de buscar herramientas para reducir costos al consumidor y fortalecer la seguridad energética del país. Sin embargo, consideramos que es necesario contar con suficiente tiempo para conducir un análisis profundo de la problemática social que se requiere resolver con la política, y en base a esto, identificar y evaluar las posibles alternativas. Todo esto con el fin de seleccionar una solución que fomente la inversión en el país y resulte en un beneficio para el consumidor. Se justifica la razón por la que el Acuerdo podría ser exento del Análisis de Impacto Regulatorio (“AIR”) bajo el amparo de lo siguiente: Esta modificación no genera nuevas obligaciones o costos adicionales a los sujetos obligados, sino que: (i) elimina la referencia en el método de cálculo de la obligación conforme al apartado 5.3.3, (ii) reduce el costo de cumplimiento al disminuir el número de días de almacenamiento mínimo a los sujetos obligados, (iii) pospone 6 meses el inicio del cumplimiento de la obligación de contar con inventarios estratégicos, y (iv) flexibiliza la alocación de los inventarios en aquellas regiones que no cuente con la capacidad disponible, para cubrir el porcentaje faltante, en otras terminales en territorio nacional. Basado en el análisis de cambios proporcionados por la Comisión, COPARMEX y las empresas a las cuales representa, entre las cuales se encuentran empresas que están sujetas a la obligación, consideramos que los cambios presentados son de fondo y si representan costos adicionales para los obligados. Es por este motivo que nos permitimos señalar en este texto las razones por las cuales consideramos que los cambios propuestos si generan impacto en el compromiso de las obligaciones y una afectación económica. El Acuerdo genera incertidumbre en los derechos y obligaciones de los participantes del mercado y pone en riesgo su seguridad jurídica, así como la coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio en materia de energía. Es pertinente señalar que esta modificación se propone a 2 meses del inicio de la Política en cuestión y no contempla los compromisos contractuales ya adquiridos por los sujetos obligados. Esta propuesta implica costos significativos de cumplimiento para los particulares debido a que las empresas ya habían tomado decisiones en torno a la inversión en infraestructura de almacenamiento. Estas inversiones son de gran escala y planeadas a largo plazo con base en la regulación existente al momento de efectuar dichas inversiones. Por otro lado, se prevé un impacto financiero y comercial adicional, al plantear la compra de tickets en caso de que los sujetos obligados no estén en posición de cumplir con la Política en la nueva fecha límite propuesta. Sin embargo, aún no existe una política que indique las bases necesarias para la operación de este instrumento y tampoco existe un mecanismo o una plataforma digital para su uso. La industria tampoco cuenta con la certidumbre de que exista la capacidad suficiente de tickets en el mercado para cubrir este requerimiento. La eliminación de la prórroga para el inicio de vigencia de la obligación no toma en consideración los planes originales de desarrollo y contratación de infraestructura y capacidad de almacenamiento diseñados para cumplir con los criterios, tiempos y restricciones de la política actual. En este momento se requiere certidumbre jurídica para continuar haciendo inversiones a largo plazo que sustenten la seguridad energética del país, objetivo primordial de la Política de Almacenamiento, misma que, con las modificaciones propuestas no se cumplirá e implicará costos a los usuarios finales al verse expuestos a situaciones de escasez como la vivida al inicio del presente año. Por tales razones, se solicita de la manera más atenta a la Comisión que el Anteproyecto que nos ocupa se someta al AIR en virtud de no encuadrar en los supuestos que la Ley Federal de Mejora Regulatoria (“LFMR”) prevé en el cuarto párrafo del Artículo 71, donde se señalan los términos para que se otorgue la exención de Manifestación de Impacto Regulatorio solicitada y, por ende, se considere su clasificación como Anteproyecto sujeto a un Análisis de Alto Impacto Regulatorio y se abra el plazo para consulta pública en términos de la LFMR. La Comisión Nacional de Energía de COPARMEX reitera su disposición a colaborar con el gobierno para buscar una solución que resulte en el fortalecimiento de la seguridad energética del país y el beneficio al consumidor. Atentamente Edmundo Rodarte Valdés Presidente de la Comisión Nacional de Energía de COPARMEX

Fecha: 14/11/2019 16:52:49

Comentario emitido vía correo electrónico

B000194803

Fecha: 14/11/2019 09:00:00

Comentario emitido por: LUIS ALONSO GONZÁLEZ DE ALBA


Enix Paseo de las Palmas 555, Séptimo Piso Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 11000 Teléfono: (+5255) 4163 6518 Comentarios en portal de CONAMER en relación con el Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. A continuación, se presentan algunos comentarios en relación con el anteproyecto de Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos (el Proyecto de Acuerdo Modificatorio). 1) Se reducen los incentivos para la creación de nueva infraestructura de almacenamiento y se podrían afectar las decisiones de inversión ya realizadas. • La reducción en el número de días de obligación de inventario mínimo (de 8 días para el 2022 y de 11 días para 2025) a 5 días podría limitar el desarrollo de nueva infraestructura de almacenamiento, toda vez que ello implica un menor volumen de reserva de capacidad por parte de los comercializadores y/o distribuidores en nuevos sistemas de almacenamiento. 2) Inexistencia de lineamientos claros en relación con la transacción de tickets. • El Proyecto de Acuerdo Modificatorio no prevé algún tipo de lineamientos sobre cómo operará la transacción de los tickets en este mercado. Lo anterior podría tener efectos en competencia y libre concurrencia de los participantes pues los poseedores de tickets podrían ejercer un poder cuasi monopólico en su precio y en los criterios de asignación de los mismos. 3) No prevé el supuesto en el que se encuentran hoy en día algunos comercializadores y/o distribuidores previsto en el penúltimo párrafo del numeral 5.3 de la actual Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. • El Proyecto de Acuerdo Modificatorio no prevé el supuesto en el que se ubican hoy en día algunos comercializadores y/o distribuidores quienes firmaron contratos de almacenamiento previo al 30 de junio de 2019 y que, por razones fuera del control de estas empresas y de los almacenistas, las terminales entrarán en operación en una fecha posterior a la entrada en vigor de la obligación de mantener inventarios mínimos, teniendo la posibilidad de cumplir con esta obligación a partir de la fecha de entrada en operación de estas terminales, lo cual ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2021. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 5.3 de la Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. En ese orden de ideas, el anteproyecto no prevé un régimen transitorio aplicable a los sujetos obligados que ya se encuentran ubicados en dicho supuesto, lo cual deriva en falta de certeza y claridad sobre el momento a partir del cual estarán obligados a cumplir con la obligación de inventarios mínimos. El hecho de que este precepto se haya eliminado en el Proyecto de Acuerdo de Modificación podría desincentivar la creación de nueva infraestructura de almacenamiento, al limitar la posibilidad de que comercializadores y/o distribuidores anclen nuevos proyectos de almacenamiento a través de contratos de reserva de capacidad. 4) Certeza en relación con la acreditación del cumplimiento de la obligación de inventario mínimo en los casos en que existe venta de molécula entre comercializadores. • El Proyecto de Acuerdo Modificatorio no es claro en precisar si un “comercializador A” (Agente Obligado) puede acreditar el cumplimiento de la obligación de inventario mínimo, respecto de los volúmenes que vende, a través de los inventarios que tiene un “comercializador B” a quien le compró. Incluso en el supuesto en el que el “comercializador B” no es un Agente Obligado, pero cuenta con lo necesario para permitir que, por su conducto, el “comercializador A” dé cumplimiento a su obligación. 5) La obligación de mantener 1.5 días de inventario mínimo almacenados en los aeropuertos y/o aeródromos es complicado considerando la dinámica operativa que se presenta en este tipo de almacenamientos. • Para el caso de la turbosina, cumplir con 1.5 días de inventario mínimo dentro de aeropuertos y/o aeródromos se dificulta, toda vez que el almacenamiento en esas instalaciones no puede contratarse bajo reserva de capacidad, en virtud de lo establecido en las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos emitidas por la Comisión Reguladora de Energía.

Fecha: 13/11/2019 12:55:49



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Información del Anteproyecto:


Dependencia:

SENER-Secretaría de Energía

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Fecha Publicación:

08/11/2019 09:00:00

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13/0005/081119